La Resolución 274/2026 modificó el cronograma de implementación del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

El Ministerio de Justicia difirió la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en la jurisdicción correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que estaba prevista para el 15 de junio de 2026. La nueva fecha fijada por la Resolución 274/2026 es el 8 de marzo de 2027, a las 00:00 horas.

La decisión se enmarca en el proceso de implementación progresiva del sistema acusatorio federal previsto por la Ley 27.150, que faculta al Ministerio de Justicia a definir el cronograma de puesta en funcionamiento del Código Procesal Penal Federal en los distintos distritos de la Justicia Federal y Nacional Penal.

Según los fundamentos de la resolución, la Justicia Federal con asiento en Córdoba y La Rioja presenta una magnitud y complejidad estructural que exige una evaluación específica de las condiciones organizacionales, operativas, edilicias, tecnológicas y de recursos humanos necesarias para aplicar el nuevo modelo procesal.

El Ministerio destacó que el distrito presenta desafíos vinculados con la amplitud territorial, la densidad demográfica de Córdoba, la dispersión geográfica de sus sedes judiciales y el volumen de litigiosidad penal federal. También mencionó la relevancia estratégica de sus corredores nacionales e internacionales y la existencia de investigaciones vinculadas con delitos complejos, como narcotráfico, criminalidad económica y contrabando.

La resolución señala que la coexistencia de causas en trámite bajo el sistema mixto con la futura aplicación del sistema acusatorio requiere una administración eficiente de los recursos disponibles, a fin de evitar sobrecargas funcionales y garantizar la continuidad del servicio de justicia.

Entre los antecedentes considerados, el Ministerio citó la Acordada 34/2026 de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que solicitó diferir la implementación hasta 2027 por razones vinculadas con la planificación institucional. También se tuvo en cuenta un informe de diagnóstico de la Procuración General de la Nación, presentado en abril de 2026, que identificó necesidades operativas, tecnológicas y edilicias.

La norma indica que resulta necesario continuar con tareas de adecuación de salas de audiencias, instalación de equipamiento tecnológico, sistemas audiovisuales, conectividad, herramientas de registración digital y acciones de capacitación, incluyendo simulacros de audiencias y talleres de estandarización operativa.

Con esta modificación, el Ministerio de Justicia mantiene la continuidad del proceso de implementación progresiva del sistema acusatorio federal, que ya se encuentra operativo en distintos distritos del país y cuya extensión completa exige coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública y otros organismos del sistema de justicia.