La Cámara Provincial de Apelaciones de Neuquén confirmó que correspondía aplicar la presunción de despido por embarazo porque la empleadora conocía el estado de gravidez y no acreditó una causa objetiva, concreta y suficiente que explicara la desvinculación. El tribunal revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y reconoció la indemnización agravada prevista por la Ley de Contrato de Trabajo.
La trabajadora cursaba la semana 25 de gestación cuando fue despedida. La empleadora invocó abandono de trabajo después de que no se presentara a retomar tareas al finalizar una licencia, pero en la causa se tuvo por probado que había informado por WhatsApp que se encontraba lejos de su lugar de trabajo y que un desperfecto mecánico le impedía regresar.
La primera instancia consideró injustificada la causal de abandono, aunque rechazó la reparación especial. Al revisar ese punto, la Sala 1 señaló que el conocimiento del embarazo y el carácter incausado del despido habían quedado firmes.
La carga de probar una causa ajena al embarazo
Para la Cámara, una vez activada la presunción del artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo, correspondía a la empleadora demostrar que la ruptura respondía a motivos reales y ajenos al embarazo. No bastaba con señalar otras circunstancias ni con sostener que había existido una razón diferente si la causal comunicada al despedir fue considerada improcedente.
El tribunal destacó que la empleadora sabía que la trabajadora estaba embarazada y que la imposibilidad de regresar había sido informada. En ese contexto, no se acreditó una causa eficaz para destruir la presunción legal. Uno de los jueces aclaró que el artículo 178 exige, como regla, notificar y acreditar formalmente el embarazo, pero explicó que esa precisión no modificaba la solución porque el conocimiento de la empleadora había quedado firme en la causa.
La sentencia incorporó $922.800,19 en concepto de indemnización agravada del artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo. De ese modo, el capital total de condena se elevó a $1.272.951,93, más los intereses fijados en primera instancia. Las costas de la alzada fueron impuestas a la empleadora vencida.
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