El Poder Ejecutivo Nacional dispuso, mediante el Decreto 787/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial, la derogación del Decreto 2417/1993, que regulaba la presentación, comunicación y autorización de los montos de matrícula y cuotas por parte de los establecimientos de enseñanza de gestión privada.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei, apunta a liberar al sector educativo privado de los controles administrativos que condicionaban la fijación de sus aranceles, con el argumento de que tales restricciones generaban distorsiones en el mercado y perjudicaban tanto a las instituciones como a las familias.

Según los fundamentos del decreto, el esquema vigente desde 1993 obligaba a los colegios a informar los valores con antelación y a esperar la autorización del Estado para modificarlos, lo que derivaba en aumentos preventivos ante la incertidumbre inflacionaria y en una pérdida de competitividad frente a la realidad económica.

El Ejecutivo considera que esa intervención afectaba la libertad de contratación y el derecho de propiedad de los establecimientos, además de limitar su capacidad de respuesta ante variaciones de costos y salarios, con el riesgo de impactar negativamente en la calidad educativa.

En el mismo acto, se instruyó al Ministerio de Capital Humano —a través de la Secretaría de Educación— a revisar el Decreto 2542/1991, que regula el sistema de financiamiento de la educación pública de gestión privada, con el fin de adecuarlo al actual esquema federal y a las condiciones del mercado educativo.

Con esta decisión, el Gobierno busca favorecer un marco de mayor autonomía institucional y competencia en el sistema de enseñanza privada. El decreto rige desde el 11 de noviembre de 2025.